El proyecto contempla la extensión del período de prueba, la modificación de las multas por falta de registro y el nuevo fondo de cese laboral.

El debate en el Senado se centra en tres pilares fundamentales que han generado controversia entre los legisladores. En primer lugar, la propuesta de extender el período de prueba a ocho meses para empresas de mayor envergadura y a un año para pymes, buscando, según el oficialismo, incentivar la contratación.

Otro punto crítico es la eliminación de las multas por empleo no registrado, reemplazándolas por un sistema de regularización con beneficios para los empleadores que formalicen a su personal. Este ítem cuenta con el respaldo de las cámaras empresariales, pero es el principal foco de crítica de los sindicatos.

Finalmente, el proyecto introduce la posibilidad de implementar, mediante convenios colectivos, un fondo de cese laboral similar al sistema de la construcción. Este mecanismo reemplazaría las indemnizaciones tradicionales por un fondo acumulativo aportado por el empleador.