Gobiernos y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la crisis, con cautela y preocupación por los derechos humanos.

La situación en Venezuela despertó una inmediata reacción internacional. Distintos gobiernos expresaron su preocupación por la militarización del país y las denuncias de detenciones arbitrarias, especialmente contra periodistas y dirigentes políticos.

Organismos de derechos humanos reclamaron el respeto a las garantías constitucionales y el cese de las restricciones a la libertad de expresión, mientras analizan enviar misiones de observación. En paralelo, se evalúan posibles sanciones selectivas o instancias de mediación internacional para evitar una escalada de violencia.

El escenario es observado con especial atención por los países de la región, ante el temor de un nuevo flujo migratorio y un agravamiento de la crisis humanitaria. Las próximas decisiones del nuevo gobierno interino y la respuesta de las Fuerzas Armadas serán determinantes para definir si Venezuela inicia un camino de transición o se encamina hacia una etapa aún más autoritaria.